Por Marcelo Bátiz
El inicio de las sesiones ordinarias dejará al desnudo las fragilidades de un sistema impositivo que ya no puede más de tantos remiendos aplicados a lo largo de décadas y que por la falta de decisión para encarar una verdadera reforma tributaria terminará generando los enfrentamientos menos esperados.
Créase a no, avanzar en una discusión sobre la estructura impositiva argentina podría derivar en un duro cruce dentro del peronismo, ya que gobernadores y sindicalistas están objetivamente enfrentados respecto de cualquier decisión que se tome.
Para ser más claros, lo que favorezca a unos perjudicará a otros. Y en cualquiera de los dos casos, el sistema previsional se anotará en la lista de perdedores. Sin la posibilidad, para colmo, de que un arbitraje del Estado nacional pueda saldar las diferencias, porque anda escaso del principal factor de disuasión en estos casos: plata.
Así, el macrismo se sumará a la disputa en las peores condiciones, ya que necesita del favor de provincias y gremios, pero para ganárselo no cuenta más que con poco sustanciales promesas de un futuro mejor: a los gobernadores, les da la razón en cuanto a su reclamo por la devolución de los recursos coparticipables detraídos para financiar la ANSES, pero también les pide paciencia y cinco años para concretar con el reintegro definitivo.
Para eso, que es retornar al viejo reparto de hace 24 años, decidió conformar el “Acuerdo por el Nuevo Federalismo”, con el propósito de llevar a cabo lo que tendría que haber hecho el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, constituido a su vez para realizar lo que le correspondía a la Comisión Federal de Impuestos.
Y a los sindicalistas, les suplica prudencia en sus reclamos salariales, partiendo del supuesto de que la inflación se atenuará en el segundo semestre, sin dar una fundamentación sólida de ese pronóstico.
Que cada provincia recaude
Con voluntad política de todas las partes, se pueden resolver los cuellos de botella. Para que una mejora del poder adquisitivo de la población no perjudique las finanzas de los estados provinciales, simplemente hay que volver a lo que hizo la Argentina hasta 1935. Es decir, ponerle fin a la coparticipación federal y que cada provincia recaude sus propios impuestos. De esa forma, las decisiones de una jurisdicción no perjudicarán a las otras. Pero de todas las discusiones de los últimos días no surge el menor atisbo de que se marche en esa dirección.
El mejor banco de pruebas del conflicto que se avecina se vivió por estos días con los cambios a medio camino que se implementaron con el impuesto a las Ganancias. Después de la alegría inicial, todos se dieron de lleno con la realidad.
Los gremios advirtieron que sin ajustes en las escalas prácticamente nadie tributaría las alícuotas más bajas y que incluso muchos trabajadores (y jubilados) que no estaban alcanzados por el gravamen podrían pasar a estarlo con el menor aumento en paritarias.
Pero la tristeza no es solo sindical: los gobernadores se desayunaron con una pérdida de transferencias por coparticipación de más de 23.000 millones de pesos. En tren de mortificarse, pueden sumar los cien mil millones que deberían recibir y no reciben por financiar la ANSES… que también pierde plata con la suba del mínimo no imponible.
Son los riesgos de querer quedar bien con todos. Por lo general, se consigue lo contrario. Pero hay más. El debate parlamentario que se avecina será para seguir con mucha atención.
Hay varias iniciativas para modificar las escalas de Ganancias, cuyo congelamiento por más de dieciséis años llevó a absurdos como que se aplique el mismo porcentaje de descuento a quien gane 40.000 pesos como a quien se lleve 4 millones. Los sindicatos y la clase media coincidirán por una vez en elevar los montos. Y allí se producirán los chispazos con los gobernadores, que perderán más fondos que los ya perdidos con la suba del mínimo no imponible.
Pero quedó dicho que lo de Ganancias fue solo un banco de pruebas. El bloque de senadores del PJ presentó un proyecto para subir el mínimo no imponible de Bienes Personales a 2 millones de pesos desde los ridículos 305.000 pesos actuales, que indicarían que un monoambiente del barrio más humilde es una manifestación de riqueza. Pero a los gobernadores no les inquieta esa contradicción: con los números de 2015, la propuesta será justa, pero los estados provinciales perderían 3.630 millones de Pesos.
La alícuota del IVA
Y como corolario de esta lucha de tres mendigos tironeando de una moneda, queda la propuesta del Gobierno nacional -indefinida, pero propuesta al fin- de rebajar la alícuota del IVA para algunos bienes de la canasta básica alimentaria. En este caso, medir el perjuicio fiscal de cada parte es una tarea casi imposible, en razón de que aún no se sabe cuántos bienes serían alcanzados por la rebaja y, además, no hay un registro exacto de la recaudación del IVA producto por producto.
No obstante, aquel que quiera una aproximación puede consultar la página de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal. Podrá comprobar que descifrar el destino de la recaudación de los impuestos nacionales es más un trabajo para un criptógrafo que para un contador.
Si es verdadero el propósito de dejar que el Congreso deje de ser una escribanía, los diputados y senadores del oficialismo y la oposición serán los encargados de resolver el enigma de esta piedra rosetta que es la estructura impositiva.
Al respecto, hay una pregunta que nadie se anima a responder: ¿quién se hará cargo de pagar los platos rotos: las provincias, los gremios, el sistema previsional o el Estado Nacional? Quizás porque, en nombre de un dudoso consenso, ninguno pierda ni gane por completo.
En ese caso, el que paga es el ciudadano de a pie, que ya soporta la mayor carga impositiva de la historia.